Ha pasado una semana desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, una semana en la que el debate público ha oscilado entre lecturas geopolíticas, defensas ideológicas y condenas selectivas. Sin embargo, hay un punto que debería ser común para cualquiera que afirme tener un interés genuino por el pueblo venezolano —y no solo por utilizar su tragedia como insumo retórico—: la exigencia de la liberación de todos los presos políticos.
El jueves 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, anunció la excarcelación de un “número importante” de detenidos. Ese mismo día se confirmó la liberación de al menos siete personas, entre ellas cinco ciudadanos españoles y dos venezolanos. Más allá del número, la noticia es relevante por una razón de fondo: vuelve a poner en evidencia una realidad que el régimen niega.
Si bien estas personas recuperaron su libertad —lo que siempre es una buena noticia, sobre todo tras detenciones arbitrarias, torturas y largos periodos de incomunicación—, el Gobierno venezolano nunca ha reconocido presos políticos en el país. Los excarcelados son presentados como “presos comunes”, una narrativa respaldada tanto por gobiernos aliados, activistas y defensores de dictaduras de izquierda.
La captura del dictador sobre el que pesan denuncias por crímenes de lesa humanidad, documentadas por la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, ha reactivado el interés internacional sobre Venezuela. De pronto, abundan los análisis, pronunciamientos y opiniones, incluso de figuras públicas que durante años guardaron silencio frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. Muchos de esos discursos se concentran hoy en advertir sobre una supuesta vulneración de la soberanía venezolana o en los intereses petroleros de Estados Unidos.
Hay quienes recién ahora invocan la idea de una Latinoamérica unida, pero solo cuando se trata de alinearla contra el llamado “imperialismo yanqui”. La pregunta es inevitable: ¿hemos estado realmente unidos cuando algún país vecino nos ha necesitado? ¿Hemos estado unidos para enfrentar dictaduras, sean de izquierda o de derecha? Cuba y Venezuela fueron abandonadas hace décadas por buena parte de la región, mientras se normalizaban regímenes autoritarios en nombre de la conveniencia política o la afinidad ideológica.
Si la acción de Estados Unidos ha vuelto a colocar a Venezuela en la agenda global, lo mínimo exigible sería aprovechar ese foco para hablar de lo que sigue ocurriendo adentro. Según la organización Foro Penal, al 5 de enero de 2026 se registraban 806 presos políticos en Venezuela.
Por supuesto que es legítimo alertar sobre una intervención extranjera y debatir los precedentes que esta sienta. Sabemos, además, que ninguna potencia actúa de manera desinteresada. Pero si realmente se quiere que la situación en Venezuela cambie y mejore para sus ciudadanos, es indispensable superar el reflejo automático del discurso antimperialista y mostrar empatía real con el pueblo venezolano.
Los presos políticos en Venezuela existen y su situación ha sido ampliamente documentada por organizaciones de derechos humanos. Desde el Instituto Pro Libertad exigimos la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas, así como la de María Oropeza y Alby Colmenares, jóvenes líderes del partido Vente Venezuela, y la de Jesús Armas, activista y dirigente político venezolano, todos ellos detenidos de manera arbitraria y a quienes conocimos en 2016 en Caracas durante un programa de formación en liderazgo juvenil.
Ojalá que los sigan liberando hasta que no quede ninguno privado de su libertad. Y ojalá también estén todos dispuestos a escuchar sus testimonios. Ninguna discusión sobre soberanía, integración regional o geopolítica debería servir para encubrir esa realidad.
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